*Con la decisión, la Administración queda en condiciones de continuar las actuaciones relacionadas con la utilización de los $12.300 millones del empréstito en las nuevas inversiones.
Redacción Región
En el ojo del huracán, se encuentran ocho concejales del ribereño municipio de Sitionuevo por aprobar el proyecto de acuerdo que modifica el Acuerdo 007 de 2024, que permite al alcalde Municipal Alfredo Navarro Manga, continuar el trámite relacionado con un crédito por $12.300 millones para financiar nuevas obras. La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos sobre los estudios y diseños entregados por la administración como soporte técnico de tres de los proyectos incluidos en la iniciativa.
La polémica surgió durante la revisión de los documentos. En estudios presentados como correspondientes a obras de Sitionuevo fueron encontradas referencias a otros entes territoriales y proyectos de la región Caribe, en los que figuran Astrea, en Cesar; Sabanagrande, en Atlántico; Remolino y Sabanas de San Ángel, en Magdalena, además de documentos que conservan referencias y datos relacionados con Mompox, Bolívar. En uno de los estudios de la Calle 6, por ejemplo, aparece un apique ubicado en la “Vía El Dividivi – Remolino”, mientras un estudio hidráulico del mismo proyecto señala que corresponde a la cabecera municipal de Sabanagrande, Atlántico. También fueron encontradas diferencias entre estudios de suelos, tránsito, pavimentos e hidráulica, así como rastros de reutilización de documentos.
Pero el hecho que elevó la preocupación tiene que ver con las firmas. Varios de los estudios y diseños llevan el nombre, matrícula profesional y firma del ingeniero civil Jhon Edinson Molina Meriño. Tras ser contactado por uno de los concejales, el mencionado ingeniero manifestó que no conoce esos proyectos de Sitionuevo, además aseguró no haber elaborado los documentos y que las firmas incorporadas en ellos no son suyas. Posteriormente, según los soportes entregados por los denunciantes, el ingeniero remitió una certificación al correo institucional del propio Concejo Municipal reiterando que no había elaborado ni suscrito los estudios y diseños que aparecían atribuidos a su nombre.
La situación fue puesta en conocimiento de los miembros del Concejo antes de la votación. Según los concejales denunciantes, pese a conocer la comunicación del ingeniero y las irregularidades encontradas en los expedientes, los ocho cabildantes que conforman la mayoría decidieron aprobar este 30 de septiembre el proyecto de acuerdo. Con la decisión, la Administración queda en condiciones de continuar las actuaciones relacionadas con la utilización de los $12.300 millones del empréstito en las nuevas inversiones.
Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una denuncia por falsedad en documento. Se solicitó investigar quién elaboró los archivos entregados al Concejo, quién incorporó las firmas atribuidas al profesional, quién conformó y remitió los expedientes y si estos documentos fueron utilizados para respaldar el trámite y aprobación del acuerdo. La denuncia también deja constancia de que el propio ingeniero negó haber elaborado o firmado los estudios que aparecen a su nombre.
El caso será llevado igualmente ante la Contraloría General de la República y los jueces administrativos que conocen actuaciones relacionadas con el empréstito. Los concejales denunciantes buscan que los organismos de control intervengan antes de cualquier desembolso, mientras se esclarece la autenticidad y origen de los estudios y diseños utilizados como soporte de las inversiones. La controversia queda ahora centrada en los efectos que puedan producir documentos atribuidos a un profesional que negó expresamente su autoría y suscripción, dentro de una operación que compromete $12.300 millones de recursos provenientes de deuda pública municipal.
