*La crisis en movilidad urbana aumenta por el pésimo servicio que ofrece el sistema de transporte público de pasajeros.
Por: Santiago Andrés Latorre Opinión
Santa Marta lleva más de 30 años atrapada en el mismo sistema de transporte público. Busetas deterioradas, vehículos que expulsan humo, interiores desgastados y un servicio que claramente no está a la altura de una ciudad con 500 años de historia.
Antes eran las famosas “chatarritas” blancas y la conocida guerra del centavo, donde los conductores competían por recoger más pasajeros, muchas veces poniendo en riesgo la vida de quienes iban dentro del vehículo. Hoy los buses pueden tener otro color y ser un poco más grandes, pero el sistema sigue siendo prácticamente el mismo. Es decepcionante, y sobre todo, deja muchas dudas sobre cómo se ha manejado.
Tres décadas después, la modernización del transporte sigue siendo una promesa. Y lo más grave es que los recursos sí han existido.
¿Por qué, entonces, nada cambia?
¿Por qué ningún político habla de fondo sobre lo que pasa con el transporte público en Santa Marta?
En 2023 se firmó un contrato para implementar el sistema de recaudo electrónico, control de flota e información al usuario dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Era el primer paso para modernizar el sistema y dejar atrás el manejo en efectivo, además de abrir la puerta a beneficios como la anhelada tarifa diferencial para estudiantes, por la que muchos jóvenes nos manifestamos durante el gobierno de Virna Johnson, sin obtener resultados.
Pero hoy la ciudad no ve ese sistema funcionando. Y con ello, también se diluyó la esperanza de muchos samarios.
La Contraloría General de la República advirtió hallazgos fiscales cercanos a los 21 mil millones de pesos porque, a pesar de que el contrato fue pagado, no se evidenció el funcionamiento de los equipos tecnológicos que debían modernizar el transporte público.
Aquí ya no caben más discursos ni más excusas.
¿Qué está pasando con el transporte público?
El contrato se firmó en el gobierno de Virna Johnson.
Entonces las preguntas son claras:
¿La obsolescencia del servicio se debe a que sigue siendo manejado por privados?
¿Qué dejó contratado realmente la administración anterior?
¿Qué controles ejerció la actual administración sobre ese contrato?
¿Cómo se pagó un proyecto que hoy no está funcionando?
¿Qué sanciones habrá?
Porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de más de 21 mil millones de pesos de recursos públicos que debían modernizar el transporte de toda una ciudad.
Mientras tanto, los samarios siguen subiendo todos los días a las mismas busetas deterioradas, en un sistema que también precariza a los conductores, quienes no cuentan con un salario digno y terminan sobreviviendo con lo que queda después de pagar la tarifa diaria.
Treinta años después, Santa Marta sigue esperando un transporte público digno. Pero ahora, además de transporte digno, los samarios también merecen algo más básico: responsables.
