*Los órganos de control como Procuraduría, Fiscalía y Contraloria adelantan un proceso por este escandaloso caso que afectaría a 600 menores de edad y 151 familias que podrían perder sus tierras que serian otorgadas a los pueblos indigenas de la Sierra Nevada.
Redacción Paz y Reconciliación
En el ojo del huracán, se encuentra el director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) José Humberto Torres, por una demanda elevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que justifica la oposición de un desalojo de campesinos para reconocer los derechos étnico-territoriales de cuatro asentamientos del pueblo Kogui, y afectar de esa manera los derechos fundamentales de 600 niñas y niños del corregimiento de Palmor que se quedarían sin hogar.
La denuncia fue radicada por María Yolanda Martínez, en representación de 151 familias campesinas del corregimiento de Palmor, en jurisdicción al municipio de Ciénaga que busca protección y observación de la entidad adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para impedir el despojo de 6.148 hectáreas más 7.829 metros cuadrados pertenecientes a humildes personas que derivan el sustento de la siembra del café sembrado en la Sierra Nevada de Santa Marta.
«Para los indígenas se destinaron miles de millones, pero a las 151 familias campesinas de Palmor: $0; por eso nos tocó
desplazarnos a cientos de kilómetros a Santa Marta para buscar un solo defensor público para 300 familias y 600 niños aproximadamente porque el estado colombiano no va a este territorio a realizar censos con el DANE. En Palmor habitan 600 niños, niñas aproximadamente, mujeres cabeza de familia, adultos mayores y víctimas del conflicto. Se les notificó el proceso judicial. Niños leyeron las demandas por falta de escolaridad de sus padres. La URT por orden del MinAgricultura, expidió la Resolución URT RGE 744 de 2023 con medidas cautelares, el proceso somete a las familias a 4 o 5 años de litigio, configurando tortura psicológica para mas de 3.000 campesinos cafeteros. Palmor no tiene vías, salud ni obras, los enfermos se sacan en hamacas. Todas las instituciones del estado al parecer tienen ordenes e instrucciones para vulnerarle los derechos a los campesinos cafeteros parcializados a favor de ampliar resguardos indígenas vulnerando derechos de sujetos de especial protección», expresó.
Por consiguiente, la defensora de los campesinos acudió a la CIDH, con el propósito de poder conseguír una medida cautelar que obligue al gobierno nacional suspender o derogar el Acuerdo 274del 19 de junio 2023 expedido por el Ministerio de Agricultura para amliar el resguardo Kogui-,alayo- Arhuaco, precisamente en territorio del pueblo cafetero Palmor, por considerar que extinguiría la conexión de los campesinos con la tierra.
El desespero y preocupación de los campesinos al notar la inminente pérdida de sus tierras o viviendas por parte del gobierno Petro, conllevó en alzar sus voces de rechazo al excesivo Acuerdo, por lo que han decidido a otra alternativa de acudír al presidente electo Abelardo De la Espriella, quien ya respondió y ha priorizado el tema para garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad.
El equipo periodistico de CONEXIÓN COLOMBIA, intentó en varias oportunidades escuchar la versión de la URT y UNT, pero no fue posible.
