*El profesional del derecho, pide garantías para poder desarrollar sus labores jurídicas en defensa de sus apoderados en esta ciudad.
Redacción Judicial
El abogado penalista Cristián Morelli, puso en conocimiento una denuncia pública contra el Tribunal Superior de Santa Marta, por considerar que viola sus derechos fundamentales y expone su integridad física por un aparente perfilamiento que busca amedrentarlo en sus labores judiciales.
El caso fue dado a conocer a través de un breve comunicado oficial del profesional del derecho, quien reveló la demanda que hizo por el delito de Prevaricato por acción contra el juez que envío con bajos argumentos a la cárcel por la conducta púnible de Lavado de activos a su apoderada Yolima Murgas, esposa del jefe de las ACSN Freddy Castillo, alias «Pinocho».
«La suscrita firma de abogados en cabeza del Dr. Cristian Morelli expresa su rechazo frente a la decisión de la Presidencia del Tribunal Superior de Santa Marta en cabeza de su presidente Roberto Lafaurie, de remitir a organismos de inteligencia de la Policía Nacional y del Ejército, así como a otras autoridades, publicaciones realizadas por nuestro director en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión. Esta decisión surge después de que el abogado solicitara formalmente la identidad del juez que en un caso impuso una medida de detención intramural, pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria con la única finalidad de formular denuncia directa por el delito de prevaricato por acción. Una petición legítima que terminó siendo relacionada con supuestos riesgos para seguridad del funcionario judicial», expresó el jurista.
Lo grave del asunto para el destacado penalista Morellí, es que el operador de justicia, estaría siendo influenciado o respaldado presuntamente por su jefe y suegro, quien posee un alto cargo en el Tribunal Superior de Santa Marta y que estaría detrás del perfilamiento judicial.
«Nuestras publicaciones no contienen amenazas, señalamientos personales ni referencias a familiares de ningún funcionario, nunca hemos mencionado su nombre ni sus fotografías en nuestras redes sociales. Cuestionar decisiones judiciales y solicitar información pública no puede convertirse en motivo de sospecha ni justificar un eventual perfilamiento por parte de organismos de inteligencia. El derecho a la defensa es un derecho constitucional que no puede verse coartado por amenazas o perfilamientos institucionales. Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros
representados con igual vehemencia, independientemente de los delitos que se les acuse, luchando siempre por la presunción de inocencia como en derecho corresponde», afirmó .
Cristián Morellí, hizo un llamado a los órganos de control para que evalúen estas acciones que vulneran sus derechos en defensa de su clienta quien también reclama garantías en el proceso judicial que se le adelanta, con el fin d poder demostrar su inocencia.
«Por esta razón, hemos solicitado que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados Penalistas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozcan lo sucedido y examinen las garantías constitucionales comprometidas. Teniendo que esta exposición compromete la integridad personal y libre ejercicio profesional del Dr. Cristian Morelli. Respetamos la independencia judicial, pero exigimos igual respeto por la independencia de la defensa penal y las acciones que nos son permitidas por la constitución y la ley. La libertad de expresión no depende de la aprobación de los jueces y sus decisiones están sujetas al escrutinio público», concluyó el penalista.
