*Los grupos armados ilegales tienen sólo dos caminos: sometimiento a la justicia de Colombia o persecución militar y judicial.
Por: Carlos Arturo Velandia Editorial
La política de paz del Gobierno de Abelardo de la Espriella (quien asumió el 7 de agosto de 2026) consiste en el desmonte completo de la “Paz Total” del gobierno Petro y su reemplazo por un enfoque de seguridad, autoridad y sometimiento individual a la justicia, sin negociaciones ni estatus político para los grupos.
Se resume en la idea de que “la paz no se negocia, se impone” y “con los criminales no habrá negociación”. El presidente ha cerrado todas las mesas de diálogo y espacios sociojurídicos heredados (con ELN, disidencias de las FARC como Estado Mayor de los Bloques/EMBF, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano/CNEB, Comuneros del Sur, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Clan del Golfo/EGC y bandas urbanas de Medellín, Buenaventura, Quibdó, etc.), revocado designaciones de negociadores, levantado zonas de ubicación temporal y reactivado órdenes de captura y operaciones militares (incluyendo bombardeos y recuperación de control territorial).
Los grupos armados ilegales tienen solo dos caminos: sometimiento a la justicia (con los beneficios que contempla la ley vigente, de forma individual, confesión de delitos, reparación a víctimas y cumplimiento de penas efectivas de cárcel) o persecución militar y judicial plena por parte de la Fuerza Pública. No hay reconocimiento político, mesas de negociación, impunidad ni “prebendas” extraordinarias. Se elimina o transforma la figura del Alto Comisionado para la Paz y se prioriza el control territorial, el golpe a economías ilícitas (coca, minería ilegal, lavado, etc.) y la extradición.
Ejes anunciados por el ministro de Justicia Iván Cancino: Cancino ha detallado que la política de “Paz Total” no tiene cabida y que se trabaja en un marco/ley de sometimiento o “acogimiento” que se presentará al Congreso (con participación de Presidencia, Interior, Fiscalía, Defensoría y otros).
Los ejes principales que ha anunciado son:
Sometimiento sin negociación ni voz de los grupos: Las personas o estructuras solo pueden decir “me someto” o no; no hay diálogo para negociar condiciones. Hay “trato diferenciado” posible (y un mecanismo diferencial para quienes venían de procesos de la Paz Total), pero nunca como impunidad ni puertas abiertas a negociación. No hay reconocimiento político, excarcelaciones para detenidos ni rebajas desproporcionadas.
Marco jurídico claro y estatuto antiterrorista: Proyecto de ley de sometimiento/acogimiento para que organizaciones que expresen voluntad de desmovilizarse entreguen armas bajo condiciones fijadas por el Estado. También un estatuto antiterrorista con normas especiales contra las organizaciones, sus rentas criminales y un régimen penitenciario especial para cabecillas. Algunas estructuras podrían ser catalogadas como terroristas (respetando el DIH).
Presión militar + justicia ordinaria: Quienes no se sometan enfrentan toda la fuerza del Estado. Se retoman procesos con quienes ya estaban en transición (ej. conversaciones con Defensoría, Fiscalía y agencias para casos como Comandos de la Frontera u otros), con primeras muestras esperadas en semanas.
Enfoque en rentas criminales y seguridad: Lucha prioritaria contra minería ilegal, cultivos ilícitos, insumos, contrabando y lavado de activos. Combinado con ofensiva de la Fuerza Pública y fortalecimiento del sistema carcelario (megacárceles para alto perfil, etc.).
Distinción con el Acuerdo de Paz de 2016: Se diferencia de los compromisos del Acuerdo de La Habana (se mantiene implementación presupuestal en algunos rubros, aunque con ajustes y veeduría crítica a la JEP, sin prorrogarla automáticamente). La política se centra en estructuras actuales de crimen organizado y residuales, no en una nueva “paz total”.
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Clan del Golfo/EGC y bandas urbanas de Medellín, Buenaventura, Quibdó, etc.), revocado designaciones de negociadores, levantado zonas de ubicación temporal y reactivado órdenes de captura y operaciones militares (incluyendo bombardeos y recuperación de control territorial).
Los grupos armados ilegales tienen solo dos caminos: sometimiento a la justicia (con los beneficios que contempla la ley vigente, de forma individual, confesión de delitos, reparación a víctimas y cumplimiento de penas efectivas de cárcel) o persecución militar y judicial plena por parte de la Fuerza Pública. No hay reconocimiento político, mesas de negociación, impunidad ni “prebendas” extraordinarias. Se elimina o transforma la figura del Alto Comisionado para la Paz y se prioriza el control territorial, el golpe a economías ilícitas (coca, minería ilegal, lavado, etc.) y la extradición.
Ejes anunciados por el ministro de Justicia Iván Cancino:
Cancino ha detallado que la política de “Paz Total” no tiene cabida y que se trabaja en un marco/ley de sometimiento o “acogimiento” que se presentará al Congreso (con participación de Presidencia, Interior, Fiscalía, Defensoría y otros). Los ejes principales que ha anunciado son:
Sometimiento sin negociación ni voz de los grupos: Las personas o estructuras solo pueden decir “me someto” o no; no hay diálogo para negociar condiciones. Hay “trato diferenciado” posible (y un mecanismo diferencial para quienes venían de procesos de la Paz Total), pero nunca como impunidad ni puertas abiertas a negociación. No hay reconocimiento político, excarcelaciones para detenidos ni rebajas desproporcionadas.
Marco jurídico claro y estatuto antiterrorista: Proyecto de ley de sometimiento/acogimiento para que organizaciones que expresen voluntad de desmovilizarse entreguen armas bajo condiciones fijadas por el Estado. También un estatuto antiterrorista con normas especiales contra las organizaciones, sus rentas criminales y un régimen penitenciario especial para cabecillas. Algunas estructuras podrían ser catalogadas como terroristas (respetando el DIH).
Presión militar + justicia ordinaria: Quienes no se sometan enfrentan toda la fuerza del Estado. Se retoman procesos con quienes ya estaban en transición (ej. conversaciones con Defensoría, Fiscalía y agencias para casos como Comandos de la Frontera u otros), con primeras muestras esperadas en semanas.
Enfoque en rentas criminales y seguridad: Lucha prioritaria contra minería ilegal, cultivos ilícitos, insumos, contrabando y lavado de activos. Combinado con ofensiva de la Fuerza Pública y fortalecimiento del sistema carcelario (megacárceles para alto perfil, etc.).
Distinción con el Acuerdo de Paz de 2016: Se diferencia de los compromisos del Acuerdo de La Habana (se mantiene implementación presupuestal en algunos rubros, aunque con ajustes y veeduría crítica a la JEP, sin prorrogarla automáticamente). La política se centra en estructuras actuales de crimen organizado y residuales, no en una nueva “paz total”.
En resumen, es una política de “mano dura” centrada en el imperio de la ley, el sometimiento individual/colectivo bajo condiciones estatales y la recuperación de la autoridad del Estado, en contraste explícito con la negociación simultánea y los beneficios de la administración anterior. Los detalles finales de la ley de sometimiento aún se estaban afinando a mediados de septiembre.
