*23 de los presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y judicializados, entre
ellos un soldado, dos integrantes de la fuerza pública en retiro, y Rosa Angélica Tarazona
Tarazona, alias Bebecita, quien sería la responsable de pagar la nómina del denominado
brazo armado del grupo armado ilegal.
Redacción Judicial
Uno de los competentes logísticos de la organización criminal ‘Los Conquistadores de la
Sierra Nevada’ fue desarticulado. La Fiscalía General de la Nación logró la captura y
judicialización de 23 presuntos integrantes de una red de tráfico de armas de fuego,
munición de diferente calibre y explosivos para las estructuras que tienen injerencia en Cesar
y La Guajira.
Estas personas son señaladas de obtener fusiles y otros elementos en inmediaciones de
Valledupar (Cesar) y el sector conocido como Mingueo, en Dibulla (La Guajira). El material,
al parecer, lo conseguían a través de integrantes y exintegrantes de la fuerza pública y otros
contactos; lo modificaban, en algunos casos instrumentalizando menores de edad, y lo
trasladaban a las zonas campamentarias. Las evidencias dan cuenta de 21 eventos delictivos
en los que habrían procedido de esta manera, entre noviembre de 2024 y septiembre del
año en curso.
Algunos de los involucrados son el presunto cabecilla del componente logístico, Eliud
Conrado Hurtado; el soldado profesional del Ejército Nacional Frank David Redondo
Mendoza, el soldado en retiro Fernando San Juan Lemus y el patrullero en retiro Jhon Alex
Pérez Villareal. Adicionalmente, está Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias Bebecita, quien
sería la encargada de realizar los pagos de nómina del grupo armado ilegal.
Por todo lo anterior, fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial imputaron a los 23
investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto
para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido,
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia
de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de
delitos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Por disposición de jueces penales de control de garantías, 15 de los procesados deberán
cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y los demás permanecerán
privados de la libertad en sus lugares de residencia.
